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600 AÑOS DEFENDIENDO DERECHOS

No hay una sociedad libre sin justicia; ni justicia sin derecho a la defensa; no existe éste sin abogados.


ANTONIO Morán 20/05/2014
  (El Periódico de Aragón)


 

          Hay constancia documental que acredita que a finales del siglo XIV existía en nuestra ciudad lo que actualmente conocemos como el Colegio de Abogados de Zaragoza. Desde hace más de seiscientos años los abogados zaragozanos eligieron su profesión no solo como un medio de vida sino, muy especialmente, como una forma de vida.

          Dedicarse a la defensa de los intereses de otros, y hacerlo con dignidad, no puede realizarse sin altas dosis de vocación. La defensa de los derechos ciudadanos es imprescindible para garantizar el estado de Derecho; y sin este no puede concebirse el Estado democrático.

          EN ESTOS DÍAS el Colegio de Abogados de Zaragoza, con ocasión de la celebración de su festividad anual, San Ivo, quiere mostrar que esta profesión camina de la mano de sus conciudadanos; que goza y se lamenta de las mismas alegrías y penalidades que el resto. Y es ocasión no solo para la festividad sino especialmente para reivindicar anhelos que no son nuevos. Así reclamamos que nadie ha de sentirse desprotegido ante la injusticia, la arbitrariedad y las desviaciones del poder; en definitiva reivindicamos una sociedad más justa. Las anteriores palabras, que pueden parecer tan ampulosas como manidas, han de tener concreción cada vez que alguien reclama sus derechos. Y somos los abogados los que intentamos que ello sea así.

          Por lo anterior desde la Abogacía se viene insistiendo en que se derogue la Ley de Tasas, norma esta que obliga a los ciudadanos a pagar este gravamen cada vez que inician un pleito, limitando por tal motivo el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales de justicia. Por eso la Abogacía se queja de las numerosas reformas legales que están en preparación pues, desoyendo los poderes públicos la opinión de los que conocen los problemas jurídicos de los ciudadanos, no pueden garantizar el acierto y bondad de estas reformas.

          No hace muchos meses que tuvimos la oportunidad de ver cómo los jueces, fiscales y otros funcionarios de justicia, junto con los abogados y organizaciones ciudadanas, mostraban su disconformidad con variadas iniciativas gubernamentales y legales. Extraño éxito el del Ministerio de Justicia en concitar contra sí al resto de operadores jurídicos. Recordemos por ejemplo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se modificaba la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial, o el proyecto de ley de seguridad ciudadana.

          Pero ahí no queda la cosa: se está trabajando en una nueva reforma de la Ley de Poder Judicial que, por poner un ejemplo, modificará el mapa de los juzgados y tribunales de España, propiciando a corto o largo plazo que puedan desaparecer gran parte de los partidos judiciales. Buena forma esta de acercar la Justicia al ciudadano...

          Se están preparando normas por las que se cederán a Notarios y Registradores una buena parte de las actuaciones que llevaban los tribunales en lo que se conoce como la Jurisdicción Voluntaria (actos de carácter testamentario sucesorio; subastas voluntarias; algunos formas de matrimonio y divorcio, reclamación notarial de deudas; expedientes de dominio, deslinde y amojonamiento, etcétera); incluso se baraja que las responsabilidades del Registro Civil sean traspasadas a los registradores de la propiedad.

          En las Cortes Generales se trabaja estos días en la ya inminente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que, lejos de resolver los crónicos problemas de la misma, instaura más burocracia y mantiene la permanente incertidumbre sobre quién habrá de soportar los costes de la justicia gratuita.

          Otra oportunidad perdida. Y para no ser más extenso --aunque hay para mucho más-- está en preparación una ley que regulará los servicios profesionales, y sus colegios, introduciendo medidas de inexplicable e injustificable intromisión en estos ámbitos.

          ¿HACIA DÓNDE VAMOS?. No creo que ni tan siquiera nuestros gobernantes sepan dónde vamos a parar. Sí intuimos los caminos elegidos por estos: adelgazar las potestades y las responsabilidades que el Estado ejercía a través de sus tribunales de justicia; primar los criterios económicos en la gestión de la cosa pública enfrentándolo a la vocación de servicio que ha de tener la Administración; minimizar la capacidad de contestación y crítica hacia los poderes públicos que realizan los sectores profesionales --en este caso la Abogacía-- despreciando la experiencia acumulada por sus profesionales y socavando los cimientos de sus organizaciones colegiales.

            Estas medidas del poder siempre acaban teniendo concreta influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos; no podemos engañarnos pues nos guste o no así es. Pero frente a estos negros designios, los abogados hacemos patente y de forma pública nuestro compromiso en la defensa de los intereses ciudadanos, porque es nuestra vocación, porque nosotros también somos ciudadanos, y... porque es de Justicia.

 


Decano
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

 





 

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